Solo 3 productores de energía solar de Castellón legalizan su instalación

Los ilegales se exponen a multas de hasta 6 millones pero confían en que el nuevo Gobierno retire la norma. El sector estima que el grueso no se han regularizado porque se opone a una ley que penaliza el autoconsumo

El autoconsumo eléctrico no hecha a andar en Castellón. Decenas de pequeñas instalaciones de la provincia, principalmente paneles fotovoltaicos, acaban de pasar a la ilegalidad. El pasado 11 de abril acabó el plazo dado por el Gobierno para que todas estas instalaciones se inscribieran en el registro que regula el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, una normativa que ya nació con polémica. De hecho, solo 3 instalaciones domésticas de Castellón (dos en Benicàssim y una en Vall d’Alba), con una potencia inferior a 10 kW, se han inscrito. El sector estima que son la minoría, aunque saber cuántas instalaciones hay es imposible, pues no están sujetas a régimen de autorización administrativa.

Desde la Asociación Valenciana de Empresas de la Energía (Avaesen) consideran que el decreto, conocido popularmente como impuesto al sol es “absolutamente abusivo y, contra toda lógica, penaliza el autoconsumo”, en palabras de su presidente Marcos J. Lacruz. ¿Por qué? Básicamente porque les impone un peaje. La inmensa mayoría de las instalaciones tiene conexión a la red de distribución, para abastecerse en determinados casos, por ejemplo por una avería o cuando no hay sol o viento. Y desde ya deben pagar una serie de peajes para el mantenimiento del sistema. Antes de hacerlo deberían haberse inscrito en un registro (el objetivo era que el operador y las compañías distribuidoras conozcan las instalaciones existentes), pero solo una minoría lo han hecho. La inscripción, además, conlleva el pago de una tasa. “Hay un rechazo y una rebeldía total, lo que demuestra que el sector no está en absoluto de acuerdo con una medida que supone culpabilizar a los autoconsumidores, a quienes se les reprocha el no contribuir a los costes del sistema”, insiste el presidente de Avaesen.

Todos aquellos particulares o pequeñas empresas con placas solares para autoconsumo que no aparecen en el registro se exponen a una multa que oscila entre 600.000 y 6 millones de euros. Eso es en la teoría. En la práctica todo el mundo da por sentado que no ocurrirá nada, ya que el Consell (que es el que tiene la competencia sancionadora) no actuará contra ellos porque rechaza de pleno el decreto impulsado por el Ejecutivo central.

De hecho, nada más aprobarse la normativa, la Conselleria de Economía anunció la presentación de un recurso, una inciativa a la que se han sumado otras comunidades autónomas. Además, el Consell está preparando una batería de medidas para aliviar a los productores y mantener el atractivo del autoconsumo. Entre esas medidas destacan posibles deducciones fiscales en el IRPF del 2017 para impulsar el autoconsumo eléctrico entre los particulares

Pero hay otra causa que puede explicar el porqué solo una minoría de instalaciones de paneles solares de Castellón han decidido registrarse y asumir el peaje. Todos los grupos políticos con representación en el Congreso, a excepción del PP, ya han anunciado que si llegan al Gobierno una de sus primera medidas será derogar el decreto. “Todo apunta a que la que la normativa va a tener muy poca vigencia porque solamente el PP está favor”, sentencia Lacruz. Y, ¿qué necesita el sector? Una ley reguladora sí, pero también un texto legal que permita ahorrar a quienes apuesten por las renovables. 

 

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